Acuerdos y no descalificaciones

Olga Feliú

La multiplicidad de casos trascendentes hace difícil elegir uno. En forma más esquemática veamos los más destacados.

Asamblea constituyente. Actuales parlamentarios han propuesto elegir -en cuarta urna- un grupo de personas que elabore una nueva Carta Fundamental. Como importa modificar la Constitución y requiere quórum, que no existen, surge la tesis de que funcione de hecho.

Es difícil comprender tal proposición proveniente de parlamentarios que han jurado respetar la Carta Fundamental y que han aprobado alrededor de 240 modificaciones a sus preceptos. Tal propuesta importa declarar su fracaso al mandato que la ciudadanía les ha confiado al elegirlos. ¿Cuál es el caos que lleva a semejante propuesta? Si es la falta de acuerdo para modificar el binominal -cuya modificación sólo interesaría a un bajo porcentaje, según encuesta CEP- no se ve por qué, atendido que no está en la Constitución y la discusión sobre el tema lleva 22 años. Más interesante es analizar la proposición del ex ministro Arriagada de llevar mayor número de candidatos por lista que permitiría ampliar la opción electiva.

Los movimientos estudiantiles. Es destacable el planteamiento de una madre, contraria a las tomas, sobre la conveniencia de buscar acuerdos, dentro de cada establecimiento educacional, formándose para ello un grupo representativo de todos los estamentos que analice los problemas propios de cada colegio. Esta propuesta es muy interesante porque las situaciones fácticas de cada centro de estudios son diversas y, más importante, hay problemas reales y efectivos en los colegios, que, cuando se dan a conocer, resulta incomprensible que permanezcan sin solución.

Fallos judiciales. i) La sentencia de mayoría recaída en el llamado caso bombas ha dado origen a múltiples comentarios e indebidas descalificaciones. Sin embargo, habrá que esperar. El fallo no está afinado y deberá ser examinado por Tribunales Superiores, a quienes corresponderá conocer las razones de fiscales y querellantes. ii) El fallo sobre la Central Castilla constituye un duro golpe a la necesaria generación en energía y afecta, obviamente, la importante y urgente inversión del sector y al sistema jurídico en que recae; e iii) Los recursos de protección contra las Isapres por el aumento en el precio de los planes de salud se han convertido en un problema económico para el sistema privado de salud y una carga de trabajo de difícil manejo para los Tribunales.

Los fallos recordados, por su trascendencia, exigen a los Poderes Colegisladores se aboquen a su examen y concuerden sobre las políticas públicas requeridas y los medios legislativos aptos para lograr sus resultados.

¿Dónde se originan los problemas que se observan? ¿En las reglas generales o normas? ¿En las decisiones administrativas, o en las decisiones judiciales? La respuesta a esas interrogantes requiere de análisis previos, serenos e informados, sobre los presupuestos de hecho y de derecho que han servido de fundamento a los Tribunales. Es posible que no se obtenga unanimidad de pareceres, pero sí podrá haber criterios mayoritarios. A los legisladores corresponde aprobar las normas generales, a los jueces aplicarlas en los casos particulares y a los órganos ejecutivos y al Ministerio Público adoptar las decisiones administrativas y dirección de investigación, en su caso.

No es comprensible que se mantengan -por falta de modificación normativa- miles de recursos de protección contra las Isapres, luego de los fallos de inaplicabilidad y de la derogación de la norma de reajustabilidad de los planes de salud, declarada por el Tribunal Constitucional.

Los acuerdos entre los Poderes Colegisladores son ineludibles. El caso Isapres revela que no se producen y ello causa graves perjuicios.

Legislar es inexcusable para los parlamentarios y no hacerlo les acarrea responsabilidades que la ciudadanía tiene el derecho de demandárselas. La desafección a los políticos, encuentra su fundamento más en la falta de acuerdos y agravios recíprocos que en cualquier otro factor. Las descalificaciones provenientes de autoridades sólo desvalorizan la institucionalidad que debe ser reforzada y no menospreciada.

La solución de los casos urgentes aquí recordados, proporciona a los colegisladores la oportunidad única de demostrar la efectividad en el ejercicio de sus mandatos y lo positivo de la política y los políticos.